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Accidentes de tránsito: De las dogmas y otras fuentes de responsabilidad civil

SUMARIO
INTRODUCCIÓN. I – LOS FUNDAMENTOS DE ESTA INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA 1. Responsabilidad sin culpa in a nutshell. 2. El carácter “riesgoso” del automóvil – el artículo en cuestión. 3. De iuris tantum a iure et de iure – La aplicación de la responsabilidad civil objetiva a casos de accidentes automovilísticos. II – LA “INJUSTICIA” INTRÍNSECA DE ESTA INTERPRETACIÓN. 1. ¿Dónde quedaron los fundamentos de la responsabilidad civil? 2. La eterna Espada de Damocles: la demora en el Registro de los Automotores. 3. La única forma de estar seguros ante esta interpretación (spoiler alert: todos pierden). III – ¡VOILÀ, EL TERCERO POR QUIEN EL PROPIETARIO NO DEBE RESPONDER! IV – CÓMO EVITAR CONFUSIONES… 1. El ejemplo argentino y la Ley Nº 22.977/83. 2. Una ley especial paraguaya: necesidad y no opción. CONCLUSIÓN.

INTRODUCCIÓN
“El propietario del vehículo siempre responde. El propietario del vehículo siempre responde. El…”
Esta es la primera respuesta que se nos viene a la mente en cuanto a la atribución de responsabilidad en un accidente de tránsito. Así, se afirma de modo casi automático que, además del conductor del vehículo que ha causado el accidente, el propietario del mismo siempre deberá responder y, en consecuencia, también éste será responsable de los daños y perjuicios derivados del accidente.
Aclaremos ya de entrada que aquí -y a lo largo de este ensayo- nos referimos a una situación en particular: aquellos accidentes de tránsito en los cuales el conductor del vehículo que ocasionó el accidente no es el propietario registral sino el comprador de dicho vehículo, cuya transferencia aún no fue inscripta en el Registro de los Automotores. En los demás casos, en los cuales existe identidad entre el conductor y el propietario registral, el debate que aquí presentaremos difícilmente se daría.
Dicho esto, volvamos a aquella afirmación de que “el propietario registral del vehículo siempre responde”. En nuestro día a día y a nuestro alrededor hemos escuchado repetir esto una y otra vez, hasta el punto de que ni siquiera nos hemos detenido a pensar mucho en el trasfondo del asunto. Es decir, la mayor parte de las veces se la ha aceptado sin cuestionamientos, como si de un dogma se tratara .
Ahora, estimado lector, quisiera pedirle que usted también tome parte activa de este artículo y responda a la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con la afirmación que hemos hecho en el párrafo anterior? ¿Piensa usted que estamos ante un principio absoluto?
Le dejo reflexionar unos momentos.
¿Ya?
Tal vez sea necesario contar con más elementos antes de precipitarnos a una respuesta. Para ello, y a fin de que pueda considerar esta cuestión de un modo holístico, le propongo reflexionar en la siguiente situación:
1ra Situación hipotética : Imagínese que usted, el día de hoy, ha vendido su automóvil a X, quien le ha contactado a raíz de un anuncio en el periódico. X le pagó al contado el precio del vehículo y quedaron en cubrir en proporciones iguales todos los gastos emergentes del contrato. Han decidido iniciar lo antes posible los trámites de escrituración, a fin de acelerar la inscripción en el Registro de los Automotores. Sin embargo, luego de un mes de la venta del vehículo –cuando la inscripción aún se hallaba en trámite-, X causó un accidente de tránsito que tuvo como resultado el fallecimiento de las 2 personas que ocupaban el vehículo embestido por X.
La pregunta que se presenta ante ese escenario es: ¿También usted debe responder, ya que sigue siendo el propietario registral del automóvil? ¿O la responsabilidad sería exclusiva de X?
Me imagino que ya estará comenzando a ser más fácil tomar una postura, ¿no? Antes, sin embargo, le propongo otra situación:
2da Situación hipotética: Usted ha venido teniendo problemas financieros a lo largo de los últimos años, por lo que han promovido numerosas demandas en su contra. En una de ellas el juez ha ordenado el remate en subasta pública de todos sus bienes, entre los cuales se encuentra su automóvil. Éste es adquirido por X y a la tarde ya se realiza el pago íntegro del precio, el cual es destinado a satisfacer parcialmente a uno de sus acreedores. El automóvil es entregado a X, pero los trámites para la transferencia del mismo aún no han concluido. Tres días después, X causa un accidente de tránsito que tiene como resultado numerosos daños materiales a otro vehículo y a un local comercial que se encontraba en la zona; además, 3 personas resultan heridas.
En esta situación, al igual que en la primera, se plantea la siguiente pregunta: ¿Usted está obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a raíz del accidente de tránsito causado por X?
Esta es la pregunta que contestaremos a lo largo de este ensayo, en el cual hablaremos primeramente (I) de los fundamentos de esta interpretación y (II) de la injusticia intrínseca de la misma. Posteriormente, (III) veremos que nuestro Código Civil admite otra interpretación y, finalmente, (IV) sugeriremos el camino que se debe tomar a fin de evitar innecesarias confusiones en esta cuestión.

I – LOS FUNDAMENTOS DE ESTA INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA
Como ya se habrá percatado el lector, la intención de este artículo es erradicar aquella interpretación dogmática que considera que el propietario registral de un vehículo siempre debe responder por los daños que se hayan ocasionado en un accidente en que dicho automotor se haya visto involucrado.
Antes de entrar a ello, sin embargo, es fundamental comprender la génesis de esta afirmación. Para ello, hablaremos aquí de (1) la responsabilidad sin culpa, (2) del carácter riesgoso del automóvil a la luz de nuestro Código Civil, y (3) de la aplicación práctica que ha venido teniendo la responsabilidad sin culpa a casos de accidentes de automotores.

1. Responsabilidad sin culpa in a nutshell
La responsabilidad sin culpa se halla regulada en el Capítulo III del Título VIII del Libro Tercero del Código Civil Paraguayo, entre los artículos 1846 y 1854 de dicho cuerpo normativo. Allí se consagra un tema que ha sido fruto de la evolución histórica del derecho en lo que respecta a la culpa, evolución ésta que ha sido brillantemente resumida del siguiente modo: “Desde la culpabilidad como paradigma excluyente hacia un esquema bipolar donde la culpa comparte el escenario con el riesgo creado y otros factores objetivos de atribución” .
Es así que el derecho ha pasado desde la regla absoluta del “pas de responsabilité san faute” -cuya mira estaba puesta en la culpa- a una regla más atenuada, según la cual aquel que goza del commodum (ventajas), debe soportar el periculum (peligros o desventajas correlativas) .
El fundamento de la responsabilidad objetiva ha sido definido en cuanta obra trate sobre el derecho de las obligaciones (en general) y sobre responsabilidad civil (en particular). Aquí tomamos las palabras del gran jurista compatriota, Prof. Marcelino Gauto, quien lo ha expuesto del siguiente modo:

“Esa responsabilidad objetiva se impone en virtud de la regla de equidad, y con el fin de indemnizar los daños causados a otro al margen de la conducta antijurídica, originados, sin embargo, por el riesgo que conllevan ciertas actividades que no son ilícitas, cuyos riesgos, al materializarse, producen daños que deben ser soportados por quien originó la circunstancia del riesgo o se sirvió de la cosa o hecho potencialmente perjudicial. Al responsable objetivo no se le imputa un comportamiento ilícito o antijurídico” .

A pesar de ello, el debate y la discusión están lejos de haber concluido, pues no pocos son los autores que sostienen que el principio del riesgo no es apto para sustituir por completo el principio de la culpa, pues carece de un criterio idóneo para identificar al sujeto sobre el cual debe recaer el riesgo . Así, a pesar de la consagración de los principios de la responsabilidad objetiva, la culpa no ha podido ni podrá ser enteramente desplazada del sistema jurídico .
Es en este contexto que se presenta la responsabilidad del propietario registral de un automóvil por un accidente en el que el vehículo vendido se ve involucrado. Dicho esto, pasemos ahora a referirnos a la norma específica en la cual esta interpretación encuentra su fundamento .

2. El carácter “riesgoso” del automóvil – el artículo en cuestión
Sin mucho preámbulo, enfoquémonos en el artículo del Código Civil Paraguayo que hace nacer la interpretación a la que estamos haciendo mención aquí:

“1847.- El dueño o guardián de una cosa inanimada responde del daño causado por ella o con ella, si no prueba que de su parte no hubo culpa, pero cuando el daño se produce por vicio o riesgo inherente a la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
El propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta”.

No son menores las críticas que este este artículo ha recibido tanto en la doctrina nacional como en la doctrina argentina , debido a la falta de precisión en sus términos, a las innecesarias discusiones que se generan entre los términos “por” y “con” la cosa, a la falta de una distinción adecuada entre el “vicio” y el “riesgo” de la cosa, a la enorme rigurosidad hacia el dueño, considerada por Llambías como una “odiosidad” hacia el propietario , además de la excesiva amplitud con la que está concebido el artículo, entre otras .
Esta falta de claridad ha “(…) hecho de la tesis del riesgo un cuasi panquimagogo, que ha transformado en objeto riesgoso desde el poste de un arco de fútbol, hasta una pelota de fútbol o el sillón de un odontólogo ” .
Pese a dichas posiciones -cuanto menos- dudosas, hay una cosa que no podemos obviar: tanto la doctrina como la jurisprudencia han llegado a un acuerdo prácticamente unánime acerca del carácter riesgoso del automóvil. En efecto, la reforma de la ley argentina -antecedente inmediato de nuestro artículo- fue redactada teniendo en cuenta precisamente la problemática de los automotores . De esta forma, la vida del presente artículo encuentra su razón de ser en el fenómeno que nos hallamos estudiando: los accidentes de tránsito .

3. De iuris tantum a iure et de iure – La aplicación de la responsabilidad sin culpa a casos de accidentes automovilísticos
Aquí llegamos al punto neurálgico de esta primera parte, pues ahora discutiremos cómo se ha ido formando y cristalizando esta interpretación dogmática de la norma antes transcripta. Adelantémonos y señalemos ya cuál es el punto que queremos presentar aquí: si bien la norma reconoce excepciones a la responsabilidad del propietario del automóvil, la práctica jurídica ha venido olvidando en gran medida estas excepciones y, más grave aún, ha “petrificado” dicho olvido.
Si volvemos al artículo transcripto en el punto anterior, notaremos que de allí se desprenden, por lo menos, 3 posibles excepciones al nacimiento de la responsabilidad del propietario: la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por quien no deba responder, y el uso en contra de la voluntad expresa del dueño o guardián .
Buena parte de la jurisprudencia nacional reconoce las excepciones del artículo, en los siguientes términos:

“El principio de la responsabilidad objetiva no elimina totalmente la culpa en la ecuación, pero impone una inversión de la carga probatoria en cabeza del dueño o guardián de la cosa, quien para exonerarse de responsabilidad debe demostrar que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no deba responder” .

Y es que nuestro Código Civil reconoce estas excepciones de forma tan patente que resulta inentendible el desarrollo que la interpretación de la responsabilidad por riesgo ha recibido -y, aún más grave- recibe cotidianamente. Y, en especial, en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad al vendedor de un vehículo por los daños ocasionados con posterioridad a dicha venta, que es el hecho que nos hallamos estudiando aquí.

“El demandado intentará defenderse probando que en verdad vendió el vehículo y exhibirá su contrato privado de compraventa, pero frente al tercero, al no haberse practicado la inscripción, sigue siendo dueño y por lo mismo será condenado civilmente (si se cumplen las demás exigencias de la responsabilidad civil). En este punto la jurisprudencia es unánime y contundente en torno a que el titular registral sigue siendo dueño y que el contrato privado nada acredita frente al tercero” .

¿Ven el problema de esta interpretación? Y ello es aún más peligroso cuando se hacen lecturas parciales y descontextualizadas de la jurisprudencia relativa a la cuestión, cuando dice que: “La sola propiedad o uso de la cosa riesgosa hace incurrir en responsabilidad, sin que sea necesario probar la culpa del dueño o guardián precisamente porque la responsabilidad es objetiva” .
II – LA INJUSTICIA INTRÍNSECA DE ESTA INTERPRETACIÓN
“Nada más alejado de la justicia que imponer una condena a resarcir a quien no ha tenido, con su conducta, vínculo adecuado de causalidad con el daño” .
Compartimos plenamente con esta cita de los Maestros Trigo Represas y López Mesa, ya que la aplicación desmedida de la teoría de la responsabilidad sin culpa conduciría a una objetivación excesiva de las realidades jurídicas, la cual iría en contra de los propios fundamentos de la responsabilidad civil y rondaría aquel peligro reconocido ya en el inmortal aforismo latino: summum ius, summa iniuria .
Y es que una conclusión como la que surge de esa interpretación dogmática que venimos analizando a lo largo del presente artículo va en contra de la justicia como aquel orden social bajo cuya protección puede, a decir de Kelsen, progresar la búsqueda de la verdad .
Así, al no dar esta interpretación espacio a la búsqueda de la verdad acerca de los hechos, (1) va en contra de los fundamentos mismos de la responsabilidad civil y (2) hace que el vendedor de un automóvil quede sujeto durante un tiempo indeterminado a hechos absolutamente ajenos a su accionar. Finalmente, (3) analizaremos cuál sería la única -e hipotética- forma de que los vendedores queden absolutamente seguros ante las campantes conclusiones relativas a la responsabilidad civil del propietario registral de un automotor vendido, y veremos que ésa está lejos de ser una solución.

1. ¿Dónde quedaron los fundamentos de la responsabilidad civil?
No pretendemos ser reiterativos, pero ajustemos nuevamente los márgenes de aquello que venimos analizando en el presente ensayo: la interpretación que propugna que el propietario registral de un vehículo sigue respondiendo aún después de que haya procedido a la venta del mismo, mientras no se inscriba la transferencia en el Registro de Automotores.
Ahora, retomando el hilo de nuestras reflexiones: ¿Le parece a usted una solución justa? Tómese, por ejemplo, aquella noción de justicia como “constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere” . ¿Acaso traduce el “dar a cada uno lo suyo” el hacer cargar las consecuencias de un accidente de tránsito a un vendedor que ya ha entregado la posesión de un vehículo y que, además, no tiene vínculo alguno con el comprador que causó el accidente? La respuesta cae de maduro por lo evidente: ¡NO!
Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo tanto en llevar al extremo la responsabilidad del propietario registral, descarnándole totalmente del análisis de las circunstancias del caso concreto?
Cierta influencia en esto tiene lo que ya hemos referido bajo el epígrafe I- 1) supra del presente ensayo, el paso de la culpabilidad como elemento indispensable de la responsabilidad civil a la prescindencia de la noción de culpa . Sin embargo, ignorar de modo absoluto e ilimitado el reproche que tiene una persona en virtud a sus actos y, con ello, aceptar la responsabilidad aún de quien no es culpable implica una regresión al régimen de la responsabilidad de las sociedades primitivas .
De este modo, si en la tendencia previa se miraba los hechos desde el punto de vista del autor, hoy se lo mira desde el lado de la víctima y se procura que todo daño injusto que ésta haya sufrido sea reparado . Ello no es per se contrario a derecho; pero el problema se presenta con aquellas posiciones que de tan objetivas se vuelven injustas , cuando se presenta una “ideología de la indemnización” , con la concesión de indemnizaciones a cualquier precio, sin siquiera “un polvo de culpa” .
Y el fenómeno que analizamos aquí -la obligación de indemnizar que se hace pesar sobre una persona que es propietaria de un vehículo solo en los papeles- implica atribuir responsabilidad a quien ni la razón ni la justicia indican que debe afrontar una reparación , con lo que, a su vez, se infiere un menoscabo injusto al vendedor (propietario registral) que no tuvo participación alguna en el evento dañoso.
Para concluir este apartado, permítasenos transcribir in extenso las brillantes apreciaciones que han realizado Trigo Represas y López Mesa, debido a la notable claridad que han alcanzado en el análisis de esta cuestión:

“Tampoco estoy en contra de la tendencia moderna de ampliar el campo de aplicación del llamado derecho de daños, porque todo lo que sea reparar el daño sufrido por un ser humano merece mi mayor simpatía. Pero llegado el momento de elegir quién debe afrontar la reparación, no debe olvidarse nunca de la justicia, que es el centro del derecho (…).
Nos parece que el derecho civil, si pretende seguir llamándose derecho, debe buscar un responsable y no escoger un mártir al azar; debe conceder una indemnización y no consumar un despojo, pues en tal caso, no sería muy distinto del derecho de las sociedades bárbaras, con sus rudimentarias formas de imponer orden y castigo, no justicia.
La objetivización extremista del derecho, la búsqueda irreflexiva de un pagador en lugar de un responsable, implica no menos que la vuelta al derecho anterior a la invención de la rueda. Y contra ello reaccionamos, como ha reaccionado en Europa buena parte de la mejor doctrina contemporánea” .

2. La eterna Espada de Damocles : la demora en el Registro de los Automotores.
Siguiendo la interpretación dogmática que sirve de hilo conductor de este ensayo, será fácil para el lector comprobar que la responsabilidad del anterior propietario de un vehículo, lejos de estar fundada en su propia conducta, está supeditada a un hecho aún mucho más aleatorio: la duración del trámite administrativo de inscripción en el Registro de los Automotores.
Es decir, el propietario registral seguirá siendo responsable -según esta interpretación- hasta tanto culmine el proceso de inscripción. Es decir, por 7 días, 1 mes, 4 meses, 1 año, 2 años, 5 años, o sea cual fuere la duración que pudiera tener este trámite en particular. En la práctica, sin embargo, sabemos que dicho proceso suele demorar en nuestro país, hoy en día, alrededor de 6 meses .
Y ahora nuevamente una pregunta: ¿Le parece al lector que ese es el espíritu de la norma y, en última instancia, del derecho? ¿Es “justo” ? Resalto esta situación práctica: aún aquel vendedor más diligente, el que ha iniciado todos los trámites inmediatamente y los ha impulsado en la debida forma, tendrá su suerte echada por un trámite de inscripción ante el Registro de los Automotores, el cual escapa total y absolutamente a su control. Es decir, aún él, que ha cumplido con todas las reglas al pie de la letra, puede ser demandado por quinientos millones de guaraníes por un accidente de tránsito ocurrido tres meses después de haber realizado la venta del vehículo y haber entregado la posesión del mismo; y, lo que es peor, podrá perder la demanda y ser condenado a pagar dicha suma de dinero -insistimos, si el juez comparte la interpretación dogmática del Art. 1847 a la que nos oponemos rotundamente-, bastando para ello que se demuestre que él seguía siendo la persona inscripta como propietario ante el Registro de los Automotores, por más de que tenga los elementos probatorios suficientes para demostrar que ya había vendido el vehículo.
Y aún más grave (si se puede) es saber que no solamente la eventual responsabilidad del vendedor está sujeta a hechos que escapan a su control, sino que dicho control está en las manos del Registro de los Automotores, institución ésta que se caracteriza por generar, cuanto menos, dudas en la población con respecto a su diligencia, proactividad y eficiencia .
Para el ideal de justicia buscado a través de los siglos y alcanzado virtualmente con la existencia de un estado de derecho, esta solución es simplemente inadmisible .

3. La única forma de estar seguros ante esta interpretación (spoiler alert: todos pierden)
Ante esto, habría una sola solución para vender un automóvil y poder dormir tranquilos a la noche, seguros de que a la mañana siguiente no nos despertaremos con el ujier notificador a nuestras puertas: no transferir la posesión del vehículo hasta tanto no haya culminado el proceso de inscripción en el Registro de los Automotores.
¿Qué piensa usted? Si piensa como yo, coincidirá que es una locura siquiera plantearlo.
Pero hagamos el ejercicio: El día de hoy, usted ha comprado un automóvil usado (supongamos, uno que usted vio a través de un anuncio en Clasipar). Luego de pagar el precio y cerrar el trato (diligentemente, el contrato fue celebrado por escritura pública), el vendedor le dice: “Perfecto, muchas gracias por su compra! Le entrego el auto dentro de seis meses, cuando terminemos la inscripción en el Registro”.
Me abstengo de reproducir en estas líneas su posible reacción ante tan osado planteamiento. Pero multiplique ahora esa situación por los cientos de contratos de compraventa de vehículos que se celebran diariamente.
Y le propongo algo más: póngase ahora en la situación contraria, en la cual usted es propietario de una empresa que vende vehículos cero km. Preocupado por el hecho de que pudiera haber una gran cantidad de demandas en su contra, por accidentes causados por clientes que compraron vehículos de su empresa, usted decide implementar una nueva política: los automóviles recién serán entregados cuando la inscripción ante el Registro haya concluido. ¿Cuánto tiempo más considera usted que podrá sobrevivir en el mercado? Con seguridad, muy poco tiempo. De plantear algo así, ya nadie querría adquirir automóviles de su empresa, pues usted no estaría satisfaciendo la necesidad esencial de la mayor parte de las personas que deciden adquirir un vehículo: tener un medio de transporte. Ya. Y no dentro de seis meses.
Por lo tanto, la única forma de estar seguros ante un régimen con una interpretación tan peligrosa como la que venimos estudiando, sería a través de un mecanismo en el que todos pierden: el comprador pierde porque demora seis meses, como mínimo, en tener el vehículo que adquirió; y el vendedor pierde porque ya no tendrá clientes si su oferta fuere la de entregar el vehículo recién seis meses después de celebrar el contrato. Ante esto, optando “por el mal menor”, en la práctica las partes deciden cerrar los ojos y correr el riesgo de todas formas.
Ahora, y yendo a la misma pregunta de siempre: ¿Es justo que el vendedor deba correr con este riesgo, totalmente ajeno a su esfera de control? ¿No hay una forma de evitar todo esto y, finalmente, enaltecer la justicia y los fundamentos de la responsabilidad civil?
Felizmente, sí la hay. Y la respuesta está ahí, justo en frente a nosotros. Aboquémonos a ello.

III – ¡VOILÀ, EL TERCERO POR QUIEN EL PROPIETARIO NO DEBE RESPONDER!
¡Eureka! Sí, encontramos una alternativa dentro de nuestra propia normativa; y ni siquiera es una solución que permanecía escondida entre las -muchas veces- enmarañadas disposiciones de nuestro Código Civil, sino que esta solución se encuentra en el mismo artículo del que surge la interpretación dogmática acerca de la responsabilidad del propietario.
Ya habíamos adelantado antes que el Art. 1847 admite por lo menos tres excepciones, una de las cuales es precisamente la culpa del tercero por quien el propietario no debe responder. La norma dice: “(…) sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la víctima o de un tercero por quien no debe responder (…)”.
Ahora bien, ¿qué debemos entender por este “tercero por quien el propietario no debe responder”? Para no perdernos en suposiciones y discusiones estériles, veamos cómo la más autorizada doctrina se ha definido a ello:

“Si un tercero, es decir una persona distinta y por completo ajena e independiente, tanto de la víctima como del presunto responsable, ha sido quien provocó con su intervención, exclusiva y excluyentemente, el daño causado, ello descarta la responsabilidad del demandado, al evidenciarse que éste fue por completo extraño al perjuicio ocasionado. El hecho culposo del tercero, única causa eficiente del daño, ha interrumpido la concatenación causal, proyectando la responsabilidad fuera de la órbita de actuación del accionado, para señalar como solo responsable a dicho tercero. Así lo ha admitido nuestro ordenamiento cuando, verbigracia, prevé que el dueño o guardián de una cosa puede eximirse total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (…)” .

Tomando en préstamo un término más bien utilizado en la esfera penal, subsumamos los hechos en la definición dada en el párrafo anterior: el vendedor de un vehículo que lo ha entregado al comprador en virtud a un contrato de compraventa es una persona distinta y por completo ajena a dicho comprador; asimismo, los accidentes que nos venimos planteando desde el inicio fueron provocados por la intervención exclusiva y excluyente del comprador, pues el vendedor no ha tenido participación alguna en tales accidentes . Por lo tanto, forzoso es reconocer que esa concatenación causal ha sido interrumpida, por lo que la responsabilidad ha sido proyectada fuera de la órbita de actuación del vendedor, utilizando las palabras de Cazeaux. En síntesis, ¡el vendedor NO debe responder en ese caso!

“(…) No se podía hacer cargar al primitivo dueño de las consecuencias civiles de los daños producidos por un vehículo, cuando había prueba de que el mismo se había desvinculado de su guarda, comprometiendo en venta la unidad y transmitiendo la posesión al adquirente (…)” .

Y la razón de esto es sencilla, y también ha sido mencionada en innumerables ocasiones por nuestra doctrina y jurisprudencia: la presunción del Art.1847 es una presunción relativa, hominis o juris tantum, porque le autoriza al demandado -en este caso, el propietario vendedor del vehículo- la prueba en contrario .
Así, a pesar de que la solución es de larga data reconocida en nuestra norma, hemos estado fallando en su aplicación al caso concreto, y no pocas veces se ha evitado entender que el comprador del vehículo puede ser considerado un tercero por quien el vendedor no siempre debe responder. Porque, como bien se ha dicho:

“(…) El adquirente a quien se le hizo entrega de la posesión del automotor enajenado y lo utiliza desde entonces con ánimo de dueño, pasa a ser desde ese momento un tercero extraño con relación al primitivo propietario; razón por la cual el daño que de ahí en más se cause con dicho vehículo, habrá de resultar para el titular registral -propietario sólo aparente- el hecho de un tercero por quien no debe responder” .

IV – CÓMO EVITAR CONFUSIONES…
Tal vez más de un lector se plantee en este punto si dicha solución sería aplicable a nuestro derecho, pues pareciera ser una solución importada de otro ordenamiento jurídico.
Ante esto, a fin de evitar cualquier tipo de confusiones, cuestionamientos o dudas al respecto, aclaremos este punto ya de entrada: sí, esta solución es perfectamente aplicable al derecho paraguayo, a pesar de que el desarrollo principal de esta doctrina se ha dado en la Argentina (quienes no han hecho de la responsabilidad sin culpa un dogma, por lo que han evitado transformarla en una fuente de responsabilidad ilimitada que pesa en todo momento sobre el propietario del automotor vendido).
Refirámonos entonces ahora (1) al ejemplo argentino y (2) a la necesidad de que el Paraguay cuente con una ley especial que permita disipar todo y cualquier indicio de duda con respecto a la identificación del comprador como un tercero por quien el vendedor no debe responder.

1. El ejemplo argentino y la Ley Nº 22.977/83
Antes del año 1983, la jurisprudencia mayoritaria del vecino país ya había resuelto que la presunción de la norma que atribuye responsabilidad al propietario de un automotor era juris tantum y, por ende, susceptible de demostración en contrario, con lo que concluía que no se podía hacer cargar al primitivo propietario las consecuencias de los daños producidos cuando se había transmitido la posesión del vehículo a un comprador .
Así, en un landmark case del derecho argentino, dirimido ante la Cámara Especial en lo Civil y Comercial en pleno, se sostuvo que “no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional del Automotor como titular del dominio del vehículo causante del daño, cuando lo hubiere enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la época del siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso” .
Es así que, como continuidad lógica de una regla de interpretación que ya era aceptada en la práctica, el legislador argentino terminó el debate y dejó cualquier tipo de dudas de lado con la promulgación de la Ley Nº 22.977, de fecha 16 de noviembre de 1983, que “Introduce reformas al régimen jurídico del automotor”, con la cual se ha alcanzado un grado más alto de seguridad jurídica en lo relativo a esta cuestión. En su artículo 27, esta Ley dispone:

«Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad”.

Como se podrá ver, el artículo establece la responsabilidad del titular registral como regla, pero con una importantísima excepción: crea la figura de la denuncia de venta, la cual tiene la virtualidad jurídica de hacer que el adquirente pase a ser considerado un tercero por el cual el vendedor no debe responder; y, además, califica como contrario a la voluntad del vendedor el uso del automóvil. Con ello, la excepción al artículo de responsabilidad sin culpa se aplica sin cuestionamientos y el vendedor se exime de responsabilidad luego de realizada dicha denuncia de venta.
Si bien la denuncia de venta no es obligatoria, su realización implicaría la solución a cualquier tipo de debate relativo a la atribución de responsabilidad, por lo que el propio vendedor sería el principal interesado en realizar esta comunicación.
¿Y qué ocurre con aquél que ha vendido pero no ha realizado la denuncia de venta? Si bien dicha cuestión no está contemplada en la norma, la jurisprudencia se ha encargado de hallar una respuesta también a estos casos:

“Si la ley exonera de responsabilidad a quien efectúa una denuncia unilateral de venta -cuya sinceridad no es objeto de comprobación- no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión. Esa solución se corrobora si se advierte que la ley no establece una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el automotor, conserva su guarda (art. 26 del decreto-ley 6582/58), por lo que configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad –jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo” .

Vemos así que la solución para el vecino país es clara: se prevén mecanismos que aseguran, de una manera mucho más efectiva, la protección de los derechos del vendedor que evitan que éste sea injustamente condenado al pago de indemnizaciones en aquellos casos en que no haya tenido ninguna intervención en el evento dañoso. Vale la pena replicar este ejemplo.

2. Una ley especial paraguaya: necesidad y no opción
El Código Civil Paraguayo admite la misma conclusión y también permite interpretar que el comprador es un tercero por quien el vendedor no debe responder. Y la inexistencia de una ley especial similar a la ley argentina a la que hemos hecho mención antes no afecta esta interpretación.
En efecto, y vale la pena recalcar lo que hemos dicho más arriba, la jurisprudencia argentina ya había admitido esta solución mucho antes de la promulgación de la Ley Nº 22.977. Es decir, los tribunales del vecino país llegaban a la misma conclusión a partir de una norma cuyo contenido es prácticamente idéntico al del Art. 1847 de nuestro Código Civil, sin que fuera necesaria para ello la ley especial . Lo que la Ley Nº 22.977 vino a hacer es darle carácter vinculante a un principio que ya era aceptado casi sin cuestionamientos en su derecho.
Ahora bien, a pesar de que ya sea posible llegar a esta conclusión en el derecho paraguayo actual, creemos que será importante eliminar cualquier tipo de duda y debate al respecto, lo cual solo podrá darse con una ley que no dé espacio a especulaciones. En efecto, únicamente a través de una norma específicamente referida a este fenómeno se podrá erradicar definitivamente la interpretación dogmática que se viene dando con respecto a la responsabilidad sin culpa.
Es por ello que consideramos fundamental que el Paraguay cuente con una ley especial que establezca un régimen sencillo de denuncia o comunicación de venta de los automotores, a partir de cuyo momento el comprador pase a ser, por imperio de la misma norma, un tercero por el cual el propietario registral no debe responder.
La facilidad de esta solución es inversamente proporcional a los numerosos beneficios que ella traerá aparejada: se evitarán las largas y aventuradas discusiones acerca de cuál es la posición o la doctrina que pesa más; se erradicará la interpretación dogmática a la que nos hemos referido a lo largo de este artículo, pues ya no habrá lugar para dicha interpretación ante una norma expresa relativa a la materia; y, fundamentalmente, se evitará seguir cayendo en soluciones injustas que condenen al vendedor de un vehículo por hechos dañosos que se hubieren producido sin ninguna intervención de aquél.
Como si todo ello fuera poco, los Registros de los Automotores dejarán de imponer, con su habitual demora, la Espada de Damocles sobre la cabeza de los vendedores, reduciendo así al menos una de las consecuencias eventuales y riesgosas que dicha demora trae aparejada.
Además, esta sería una fantástica oportunidad para que el Paraguay cuente con una ley especial para accidentes de automotores , que ya hace tiempo es necesaria y ha venido siendo clamada por los más reconocidos juristas paraguayos:

“Lo cierto y lo concreto es que esta ley especial para accidentes de automotores –que hoy se multiplican geométricamente con el fenómeno de las motocicletas- ya no puede esperar. De hecho, lo ideal sería que al tiempo de intervenir concretamente el legislador, se deshaga de este artículo que solo tiene su verdadero sentido en cuanto a los automóviles (…).
Por otra parte, una solución global al problema de nuestro sistema de responsabilidad objetiva debería venir, a nuestro modo de ver, por el siguiente camino: (i) adopción de una legislación especial de accidentes de tránsito, la cual, con el nuevo fenómeno de la pululación de motocicletas se trata de una cuestión que ya no puede esperar; (ii) en ese momento, la derogación de la presente norma y regulación de la materia por el art. 1846, de superior técnica; (iii) la aplicación de este artículo a los accidentes de automotores interín dicha reforma; y (iv) en otros casos excepcionales, de cosas verdaderamente riesgosas, extender a las mismas esta norma.
Pero intuimos en una conjetura que tiene mucho fumus bonis iuris, que a partir de la adopción de una legislación especial en materia de tránsito, la importancia de esta regla se volverá casi absolutamente marginal, se «desinflará», en las ya citadas palabras de Bénabent” .

CONCLUSIÓN
Estimado lector, hemos recorrido el camino que se ha trazado en nuestro país en materia de responsabilidad sin culpa, en especial en lo referente a una situación en particular: el debate acerca de la responsabilidad del vendedor de un automóvil por accidentes que ocurran antes de que haya concluido el proceso de inscripción en el Registro de los Automotores.
Ya hemos plasmado nuestra posición con respecto a este debate, pero consideramos oportuno mencionarla nuevamente en esta conclusión: el comprador de un automóvil que se vea involucrado en un accidente de tránsito es un tercero por quien el propietario registral del automóvil vendido no siempre debe responder.
Como hemos visto, esta solución no solamente es la más justa, sino que también es la más acorde a los fundamentos de la responsabilidad civil. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha venido gestando una interpretación –a la que hemos llamado dogmática- la cual olvida que la responsabilidad civil del propietario registral del vehículo reconoce excepciones.
Ante ello, consideramos que la vía más propicia para erradicar “de raíz” una interpretación que se rehúsa a dar su verdadero significado a Artículo 1847 del Código Civil Paraguayo sería la promulgación de una ley especial que, expresamente, prevea que la comunicación de la venta de un automóvil inmediatamente convierte al comprador en un tercero por quien el vendedor no está obligado a responder.
Está en nuestras manos cambiar la solución que se da a estos casos y propiciar el debate para que en nuestro país pueda ser promulgada una norma que indique, de forma clara e indubitada, una solución basada nada más que en la justicia resumida en aquel ius suum cuique tribuere. Así, el sistema estará evitando imponer gravosas consecuencias sobre aquél que nada ha tenido que ver con el evento en el cual se ha producido el daño que debe ser reparado.
Y para concluir, me permito asegurar una cosa: romper este dogma no estará penado con la excomunión, sino que sus consecuencias serán sumamente beneficiosas: se logrará erradicar conclusiones que constituyen un verdadero despojo más que una sanción a una conducta dañosa , con lo que se beneficiará el valor de la justicia como norte del derecho, algo tan requerido en nuestros días. Y, asimismo, se propiciarán resultados menos aleatorios e impredecibles que en nada favorecen al derecho y a la seguridad jurídica.
Entonces, una pregunta final: ¿Nos animamos a cambiar a partir de ahora, todos juntos, la interpretación que ha imperado hasta ahora?
Yo les espero aquí.

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